Nueva sentencia del Tribunal Supremo: el derecho de los menores a ser escuchados en los procedimientos de familia
Una sentencia de custodia puede ser anulada si no se garantiza adecuadamente el derecho de los hijos menores a ser escuchados. Así lo recuerda el Tribunal Supremo en su reciente sentencia 1643/2026, de 22 de octubre.
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre una cuestión esencial en Derecho de Familia: el derecho de los menores a ser oídos y escuchados en los procedimientos judiciales que afectan a su vida familiar.
En su sentencia 1643/2026, de 22 de octubre (STS 4341/2026), el Tribunal Supremo anula una resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña que había rechazado una modificación de medidas para establecer una custodia compartida, sin conocer el contenido de la exploración judicial de los menores realizada en primera instancia y sin practicar una nueva audiencia.
La decisión es relevante porque recuerda que escuchar a los hijos no constituye una simple formalidad procesal, sino una garantía fundamental para proteger su interés superior.
¿Qué había ocurrido en este caso?
Los progenitores tenían tres hijos y, tras su divorcio, se había atribuido la guarda y custodia exclusiva a la madre.
Posteriormente, el padre solicitó una modificación de medidas para establecer una custodia compartida por semanas alternas.
El Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de A Coruña estimó parcialmente su demanda y acordó la custodia compartida.
Sin embargo, la madre recurrió y la Audiencia Provincial revocó aquella resolución, manteniendo el sistema anterior de custodia exclusiva materna.
La Audiencia consideró que no se había acreditado una alteración relevante de las circunstancias que justificase modificar el régimen de custodia existente.
Hasta aquí podría parecer un conflicto habitual sobre modificación de medidas.
Pero existía un problema procesal de especial importancia.
Los menores habían sido escuchados, pero su audiencia no quedó documentada
Durante el procedimiento de primera instancia se había realizado la exploración judicial de los tres hijos, que entonces tenían 17, 15 y 12 años.
Sin embargo, aquella audiencia no había quedado grabada ni documentada, y la sentencia tampoco explicaba cuál había sido la opinión de los menores ni cómo se había tenido en cuenta para decidir sobre la custodia.
Cuando la Audiencia Provincial resolvió el recurso, dos de los hijos seguían siendo menores de edad y tenían 16 y 13 años.
El tribunal reconoció que desconocía el contenido de las exploraciones realizadas en primera instancia.
Pese a ello, revocó la custodia compartida sin practicar una nueva audiencia de los menores ni justificar por qué podía prescindirse de ella.
Este es el aspecto que resulta decisivo para el Tribunal Supremo.
¿Qué dice el Tribunal Supremo sobre escuchar a los hijos?
La sentencia recuerda que los menores con suficiente juicio deben tener la oportunidad de expresar su opinión en los asuntos que les afectan.
Escuchar a un menor permite conocer sus deseos, sentimientos y opiniones, que deben valorarse junto con las demás circunstancias para determinar qué decisión responde mejor a su interés superior.
El Tribunal Supremo se apoya en su jurisprudencia anterior y en la doctrina del Tribunal Constitucional, que reconoce el derecho del menor a ser oído y escuchado como una garantía especialmente relevante en los procedimientos judiciales de familia.
La sentencia también introduce una precisión fundamental: la audiencia de los menores no es obligatoria en todos los procedimientos y circunstancias.
Su necesidad debe valorarse atendiendo a la edad, la madurez y el interés del menor. Pero si se decide prescindir de ella, el tribunal debe justificarlo de manera motivada.
En el caso analizado, la Audiencia Provincial no disponía del contenido de las exploraciones anteriores y tampoco había explicado por qué podía resolver sin escuchar nuevamente a los hijos que continuaban siendo menores de edad.
¿Significa esto que los hijos pueden elegir con quién vivir?
No.
Esta es una confusión frecuente que conviene aclarar.
El derecho de los hijos a ser escuchados no equivale a reconocerles la facultad de decidir por sí solos qué progenitor debe ejercer la custodia.
Su opinión debe ser tenida en cuenta, pero no determina automáticamente el resultado del procedimiento.
El tribunal tiene que valorar el conjunto de las circunstancias familiares, las necesidades de los hijos y los requisitos legales aplicables.
La propia sentencia insiste en que escuchar a los menores no elimina la necesidad de acreditar los presupuestos que justifican una modificación del régimen de custodia.
Por tanto, ni la voluntad expresada por un hijo de 13 o 16 años decide por sí sola el resultado, ni puede ignorarse sin la debida justificación.
¿Qué ha decidido finalmente el Tribunal Supremo?
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación, anula la sentencia de la Audiencia Provincial y ordena devolverle las actuaciones.
La Audiencia deberá garantizar el derecho a ser escuchados de los hijos que continúen siendo menores de edad, cuando proceda conforme a sus circunstancias, y dictar después una nueva resolución motivada.
La sentencia no concede directamente la custodia compartida solicitada por el padre.
Tampoco establece que la custodia exclusiva de la madre sea incorrecta.
Lo que declara es que no puede adoptarse una decisión sobre la custodia en las circunstancias del caso prescindiendo de una garantía tan importante como la audiencia de los menores.
Corresponderá a la Audiencia Provincial volver a decidir sobre las cuestiones planteadas una vez subsanada la infracción apreciada.
¿Qué importancia tiene esta sentencia para los procedimientos de custodia en Asturias?
Aunque el procedimiento se tramitó en A Coruña, la doctrina del Tribunal Supremo tiene especial interés para los procedimientos de Derecho de Familia que se siguen en los juzgados de Oviedo, Gijón y el resto de Asturias.
La resolución recuerda tres cuestiones que considero especialmente importantes.
En primer lugar, que la opinión de los hijos debe recibir la atención que corresponde a su edad y madurez.
En segundo lugar, que una exploración judicial realizada anteriormente no garantiza por sí sola el respeto de ese derecho si su contenido no puede conocerse ni valorarse.
Y, finalmente, que cuando un tribunal decide prescindir de la audiencia de los menores debe justificar adecuadamente esa decisión.
Todo ello resulta especialmente relevante en procedimientos de modificación de medidas en los que se solicita sustituir una custodia exclusiva por una compartida, o viceversa.
Para comprender mejor las distintas modalidades de custodia y los criterios que se valoran judicialmente, puedes consultar también nuestro artículo sobre los tipos de guarda y custodia en Asturias.
Mi valoración como abogada de familia
En los procedimientos de custodia hablamos constantemente del interés superior del menor.
Sin embargo, ese interés no puede valorarse únicamente a partir de lo que afirman los progenitores, de sus respectivas pretensiones o de las circunstancias que cada uno considera más importantes.
Los hijos son las personas directamente afectadas por las medidas que se acuerdan.
Por eso considero especialmente importante que esta sentencia recuerde que su derecho a ser escuchados tiene contenido propio y debe ser respetado.
Escucharlos no significa trasladarles la responsabilidad de decidir, ni situarlos en el centro del conflicto entre sus padres.
Significa reconocer que tienen una opinión que merece ser conocida y valorada con las garantías adecuadas.
Y que, cuando esa audiencia resulte procedente, no puede prescindirse de ella sin una justificación suficiente.
Abogada de familia en Oviedo y Asturias
En María Villanueva Abogados asesoramos y defendemos procedimientos de guarda y custodia, modificación de medidas y recursos en materia de Derecho de Familia.
Si tienes dudas sobre un procedimiento de custodia o sobre el derecho de tus hijos a ser escuchados judicialmente, podemos estudiar las circunstancias de tu caso.
Referencia jurisprudencial: Tribunal Supremo, Sala Primera, sentencia 1643/2026, de 22 de octubre. ROJ: STS 4341/2026. ECLI:ES:TS:2026:4341.





