La reciente reforma de la LOPIVI (Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia) vuelve a situar en el centro del debate jurídico una cuestión fundamental: la necesidad de escuchar y proteger realmente a los menores en los procedimientos que afectan a sus vidas.

La nueva norma refuerza la obligación de valorar de forma individualizada el interés superior del menor y amplía la importancia de su participación en las decisiones judiciales. Un cambio que refleja algo que muchos profesionales del Derecho de Familia llevamos años viendo en los juzgados: no existen soluciones automáticas válidas para todas las familias.

Y quizá ese sea precisamente uno de los grandes retos pendientes en materia de custodia.

La custodia compartida no puede convertirse en una respuesta automática

Durante los últimos años se ha extendido la idea de que la custodia compartida constituye siempre la mejor solución tras una separación. Sin embargo, ni la ley ni el Tribunal Supremo establecen una aplicación automática de este sistema.

Cada menor tiene necesidades distintas.
Cada familia funciona de manera diferente.
Y cada ruptura genera dinámicas propias que deben analizarse de forma individualizada.

Existen casos en los que la custodia compartida puede ser una solución muy positiva y beneficiosa para los hijos. Pero también hay situaciones en las que puede aumentar el conflicto, generar inestabilidad o perjudicar el equilibrio emocional del menor.

El verdadero objetivo del Derecho de Familia no debería ser repartir tiempos entre adultos de forma matemática, sino proteger el bienestar de los hijos tras la ruptura de sus padres.

El Derecho ya está avanzando hacia soluciones “a medida” en otros ámbitos

Curiosamente, esta idea de individualizar las respuestas sí se está consolidando cada vez más en otros ámbitos jurídicos.

En los procedimientos sobre medidas de apoyo a personas con discapacidad, los tribunales están evolucionando hacia modelos personalizados adaptados a las necesidades concretas de cada persona. Se abandonan soluciones rígidas para construir sistemas de apoyo “a medida”, teniendo en cuenta la situación individual, la autonomía y el entorno familiar y social de cada caso.

En los asuntos de medidas de apoyo que llevo habitualmente, estoy comprobando cómo jueces, fiscalía y profesionales especializados trabajan cada vez más desde esa perspectiva flexible e individualizada.

Y quizá deberíamos preguntarnos por qué todavía nos cuesta tanto trasladar esa misma filosofía a la otra gran parte vulnerable de nuestra sociedad: los menores.

Porque también ellos necesitan respuestas adaptadas a su realidad concreta.

Hay niños especialmente sensibles a los cambios constantes de domicilio.
Hay menores que requieren rutinas muy estructuradas.
Existen situaciones de elevada conflictividad parental que hacen inviable una coordinación mínima.
Y también hay familias que sí pueden desarrollar con éxito sistemas amplios de corresponsabilidad.

Pensar que todas estas situaciones deben resolverse igual supone ignorar precisamente aquello que la nueva LOPIVI pretende reforzar: el interés superior del menor como criterio prioritario y verdaderamente individualizado.

Escuchar al menor exige reforzar los equipos psicosociales

La reforma de la LOPIVI avanza en la protección de los menores y en su derecho a ser escuchados. Pero para que ese cambio tenga efectos reales, resulta imprescindible dotar de más medios a los juzgados de familia.

Especialmente a los equipos psicosociales.

Son estos profesionales quienes, tras estudiar la dinámica familiar, entrevistar a los progenitores y valorar la situación emocional de los hijos, pueden orientar al juez sobre cuál es la decisión más adecuada para esa familia concreta.

Muchas veces el problema no es la falta de herramientas legales, sino la falta de recursos suficientes para aplicar adecuadamente ese análisis individualizado que exige la ley.

Los procedimientos de familia afectan directamente al desarrollo emocional de los menores y condicionan su vida durante años. Por eso, las decisiones judiciales necesitan tiempo, especialización y apoyo técnico.

Porque una sentencia de familia no debería limitarse a decidir dónde pasa un menor determinados días del mes.
Debería intentar preservar el equilibrio emocional y el funcionamiento futuro de la familia tras la ruptura.

Una oportunidad para evolucionar el Derecho de Familia

La nueva reforma de la LOPIVI puede ser una oportunidad importante para seguir avanzando hacia un Derecho de Familia menos rígido y más centrado en las necesidades reales de los menores.

No se trata de estar a favor o en contra de la custodia compartida.

Se trata de aceptar que no existen modelos universales y que proteger verdaderamente a un menor exige construir soluciones adaptadas a cada situación concreta.

Igual que el Derecho está aprendiendo a crear apoyos personalizados para las personas vulnerables, quizá también debamos asumir que cada niño necesita su propio “traje a medida”.

Y para confeccionarlo hacen falta jueces especializados, equipos psicosociales reforzados y procedimientos capaces de mirar más allá de las soluciones automáticas.

Si necesitas asesoramiento sobre custodia, medidas paternofiliales o modificación de medidas en Asturias, en María Villanueva Abogados trabajamos desde una idea fundamental: no existen familias iguales, y las soluciones tampoco deberían serlo.